La imagen del pasado 25 de septiembre de los diputados parapetados tras un dispositivo policial ridículamente desproporcionado, mientras decenas de miles de manifestantes exigían un nuevo proceso constituyente para devolver al congreso la soberanía del pueblo, es sintomática de la deriva que está tomando la relación de la ciudadanía con sus representantes.
A los ciudadanos españoles no nos gustan nuestros políticos. No hace falta devanarse los sesos en exceso para darse cuenta de esta realidad.
La ciudadanía sencillamente no se siente representada por sus políticos.
Históricamente el pueblo español nunca ha demostrado mucha
simpatía por sus élites gobernantes, precisamente por su condición de élites y
por mirar por sus
propios intereses más qué por los intereses públicos, pero los efectos de
la crisis están provocando una separación aún mayor.
Todo aquello a lo que impunemente se han dedicado los
políticos durante estas décadas de democracia -por no perder las costumbres de
las décadas pre democráticas- corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento
a costa del contribuyente, incluso con mayor intensidad actualmente, se les
está volviendo en contra a medida que la ciudadanía sufre las terribles
consecuencias derivadas de esta mal llamada crisis. Y a la hora de buscar un
culpable de esta crisis, todas las miradas apuntan a las elites políticas y
económicas. Aquellos quienes durante décadas han llenado sus bolsillos
llevándonos a esta situación.
Este se podría decir que es el pensamiento del ciudadano
medio independientemente del espectro
ideológico al que se adscriban, generalizando indiscriminadamente por supuesto,
pero de alguna manera muy interiorizado en la imaginería colectiva de la clase
media baja, el grueso de población del país, y los que están sufriendo con más
intensidad los recortes y ajustes en servicios públicos y sociales.
Razones para pensar así no nos faltan, y en este contexto de crisis las decisiones y medidas adoptadas los últimos años a favor del sector privado, especialmente hacia los bancos, y en detrimento de los servicios públicos, no ayudan precisamente a reducir esa distancia existente entre ciudadanos y políticos.
Razones para pensar así no nos faltan, y en este contexto de crisis las decisiones y medidas adoptadas los últimos años a favor del sector privado, especialmente hacia los bancos, y en detrimento de los servicios públicos, no ayudan precisamente a reducir esa distancia existente entre ciudadanos y políticos.
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| [Foto: javiratio Flickr account] |
El 25s como símbolo del rechazo a la
clase política.
La imagen del pasado 25 de septiembre de los diputados
parapetados tras un dispositivo policial ridículamente desproporcionado,
mientras decenas de miles de manifestantes exigían un nuevo proceso
constituyente para devolver al congreso la soberanía del pueblo, es sintomática
de la deriva que está tomando el asunto. Para más inri, a estas horas los
diputados estaban votando 3 propuestas importantes: una para el aprovechamiento
de los alimentos descartados por las grandes superficies, otra para la
racionalización y transparencia de las retribuciones de los cargos políticos
electos y una última relativa a la lucha contra el fraude fiscal. Las 3 fueron rechazadas. La segunda
propuesta sobre las retribuciones de los políticos tuvo solo 6 votos a favor.
Entre tanto, el poder adquisitivo ha caído a niveles de hace
27 años, se baten records
de manifestaciones en las calles, y el gobierno ahora pide rescates para la
banca a la UE que tendremos que devolver los ciudadanos
durante décadas.
Con este panorama no es de extrañar que en la última medición
sobre intención de voto de Metroscopia
la imagen tanto del gobierno como de la oposición resulte ser demoledoramente
negativa. La gran mayoría desaprueba la gestión de la crisis tanto por parte
del gobierno como de la oposición. El caso español parece, más que una
desconfianza en la política, una desafección
institucional, esto es, una animadversión de los ciudadanos para con los
organismos que materializan la política y
las personas que representan a estas instituciones.
La clase política española se gana la peor valoración ciudadana de la
historia de la democracia.
La desafección de los políticos es tanta, que hasta entre
las élites financieras, fielmente protegidas por las élites políticas, se
comienzan a oír voces que censuran la falta de movilidad
y de eficiencia. Se los empieza a considerar una carga demasiado pesada para
que el país despegue y se recupere del azote de la crisis. El sentimiento es
mutuo, los políticos tampoco se fían de las élites financieras.
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| [Foto: PPCYL Flickr account] |
“Las élites extractivas”
El término proviene
de los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, y con él describen en su
obra “Por qué fracasan los países” a las élites políticas y financieras que se
valen de las rentas del grueso de la población para encauzarlas hacia el
beneficio de unos pocos colectivos privilegiados en lugar de para crear riqueza
en pos del bienestar público.
En un reciente artículo en El País, Cesar
Molinas propone una teoría de la clase política española haciendo uso de
este concepto. En él explica punto por punto cómo se ha llegado a la situación
en la que estamos y señala a la clase política como culpable de la misma. Estos
grupos cerrados que son los partidos políticos cuyas vías de financiación
presentan todo tipo de dudas, se han especializado en crear complejas redes y estructuras
de captación de fondos públicos para su propio beneficio (a través de
ayuntamientos, cajas de ahorros, las llamadas empresas del sector público…),
creando burbujas intencionadamente a su para que una vez que estallen, sus
consecuencias acaben recayendo sobre el contribuyente. Y de este tipo de élites
hay numerosos ejemplos
en España.
La teoría intenta responder preguntas clave como: “¿Cómo es posible que, tras cinco años de
iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de
lo que le está pasando a España?”, “¿Cómo
es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo
plazo creíble para sacar a España de la crisis?” o “¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la
mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el
emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino
masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?” y aplica
brillantemente el modelo de Acemoglu y Robinson al panorama político español.
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| [Foto: PP Madrid Flickr account] |
Las redes de enriquecimiento tejidas por la clase política están
saliendo a la luz, descubriéndose como uno de los principales factores
responsables de la crisis.
El resultado de este escenario es la creación de burbujas:
la más importante, la inmobiliaria, ya por todos conocida. Las recalificaciones
de las administraciones locales y los movimientos de las cajas de ahorros han
sido resultado de la acción directa de la clase política. Pero no ha sido la
única burbuja que ha dejado miles de millones de deuda después de llenar los
bolsillos de unos determinados colectivos. La “burbuja de las renovables”, dejándonos como herencia los precios
energéticos más altos de la UE y un déficit galopante que se va incrementando
año a año, o la “burbuja de las
infraestructuras innecesarias” (también financiadas por las cajas de
ahorros), son algunos de los ejemplos más significativos de cómo la clase
política ha desarrollado redes de captación de rentas públicas para su propio
beneficio y el de las élites afines.
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| [Foto: EQUO_ Flickr account] |
La renovación de la clase política a través de un sistema electoral mayoritario de listas abiertas se ofrece como un principio de solución para superar el trago, de lo contrario, anticipa Cesar Molinas, la vuelta a la peseta pasará a ser una realidad más que probable.
La teoría evidentemente admite críticas,
ya que dibuja a las oligarquías financieras como poco menos que víctimas de los
manejes políticos, cuando son estas élites económicas las que presionan
para que las leyes se amolden a sus intereses, y defiende a ultranza un sistema
neoliberal y electoral parecido al estadounidense (con las ventajas y
desventajas que esto supone). Desde luego la tendencia a la desregulación del
sector financiero como también propone no parece una solución, sino más bien una
de las causas del origen la crisis global.
Pero su acierto reside en su sencillez y en la perfecta adaptación de sus premisas a la realidad política española, así como su capacidad para explicar los procesos que han generado la situación económica actual. Por supuesto como en toda generalización o teoría, no hay lugar a excepciones individuales, pero nos cuesta encontrar ejemplos de políticos de no se hayan visto envueltos en estas estructuras clientelistas y que además no se hayan aprovechado de su funcionamiento, ya sea por acción o por omisión.
La desafección de los ciudadanos para con los políticos se vuelve cada vez más explícita.
Pero su acierto reside en su sencillez y en la perfecta adaptación de sus premisas a la realidad política española, así como su capacidad para explicar los procesos que han generado la situación económica actual. Por supuesto como en toda generalización o teoría, no hay lugar a excepciones individuales, pero nos cuesta encontrar ejemplos de políticos de no se hayan visto envueltos en estas estructuras clientelistas y que además no se hayan aprovechado de su funcionamiento, ya sea por acción o por omisión.
La desafección de los ciudadanos para con los políticos se vuelve cada vez más explícita.
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| [Foto: Fotomovimiento Flickr account] |
Los constantes casos que nos brinda a diario la prensa nacional
y extranjera no hacen sino constatar la naturaleza parasitaria de las élites
españolas. Como ciudadanos estamos observando como la clase política facilita
la evasión de impuestos a las grandes empresas y personalidades, parando
investigaciones incómodas e incentivando amnistías fiscales a las grandes
rentas, a costa de exprimir a las más pequeñas. Algunos de los mayores
defraudadores españoles resulta que son los propios
políticos.
Entre tanto, las próximas reformas del código penal, parece
que se amoldan al comportamiento tipo de las élites extractivas, ya que entre
otras cosas criminaliza las ocupaciones pacificas e impone durísimas penas para
aquellos que por ejemplo, impidan pacíficamente el desalojo de una vivienda por
parte de un banco o movilicen a los ciudadanos mediante convocatorias en las
redes sociales. Por no hablar de la multa de 6 mil euros impuesta al único convocante
del 25s por "no garantizar la seguridad de la protesta".
Los ejemplos de cómo los políticos se están dedicando
a mantener su statu quo a costa de los ciudadanos podrían llenar un almanaque,
por lo que no sorprende demasiado el desencanto general con la clase política y
sus actuaciones. Aún queda mucho camino por recorrer y las previsiones no son
las mejores. Desde este prisma, parece que la incontenible presión ciudadana
difícilmente tendrá una respuesta positiva entre las élites políticas.
